Financiamiento Alternativo para el Desarrollo de las Personas, no de las Ganancias

Viernes 28 de noviembre de 2008

Enlace a la web: Jubileo Sur

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La humanidad y el mundo del que somos parte, hoy se encuentra ante un peligroso abismo. Mientras que las crisis financiera, alimentaria, climática y energética están llevando a millones de personas a más hambre, desempleo y desesperación, profundizando la brecha entre los que sobre-consumen y los que sufren las consecuencias, y poniendo en peligro el equilibrio de la naturaleza, los dirigentes gubernamentales, en particular en el Norte, parecen obsesionados solamente con la manera de salvar un sistema económico y financiero, cuya esencia es el centro de las múltiples crisis. La reciente reunión y las conclusiones del G20 en Washington, DC, con exclusión de la mayor parte de los países y de los pueblos del mundo y eligiendo reforzar los mismos principios, prácticas e instituciones que han producido ese terror y devastación, no resolverán los problemas que tenemos ante nosotros.

Se necesitan nuevas ideas y nuevas medidas. Junto con otras organizaciones populares y movimientos de todo el mundo, Jubileo Sur llama a los gobiernos reunidos ahora en Doha a hacer frente al desafío de cambiar el rumbo. Las alternativas para el desarrollo de las personas y el planeta, no el lucro, son urgentes y posibles, reconociendo que la supervivencia incluso de los pocos demanda igualdad, sustentabilidad y justicia para todos y todas. Los dirigentes del mundo han demostrado que no hay falta de financiación, es sólo una falta de sabiduría y voluntad política lo que obstaculiza el camino.

1. El Consenso de Monterrey

En 2002, las Naciones Unidas celebró la Conferencia de Financiación para el Desarrollo (FpD) que dio lugar al Consenso de Monterrey con el fin de obtener apoyo financiero y político para satisfacer las Metas de Desarrollo del Milenio. Se trató de una iniciativa importante para promover una negociación multilateral y forjar nuevas alianzas para lograr una distribución más equitativa mundial de gobernanza económica y financiera. Pero la tarea no fue abordada como una cuestión de justicia, teniendo en cuenta la obligación de los países y de los intereses empresariales, principalmente en el Norte, que más se han beneficiado del actual modelo de desarrollo, de reconocer y hacer restitución y reparación por las deudas sociales, ecológicas, e históricas que han acumulado hacia los pueblos del Sur. En la práctica, el consenso tuvo más que ver con profundizar la liberalización comercial y financiera, fortalecer el poder del capital transnacional, y privatizar la financiación para el desarrollo.

Las preocupaciones expresadas entonces por Jubileo Sur y otras , en el sentido que ello sólo paralizaría los esfuerzos nacionales para garantizar un desarrollo sustentable y soberano basado en la justicia y la distribución, por desgracia, se han demostrado estar bien fundamentadas. Ni siquiera se han cumplido las limitadas promesas. El Consenso de Monterrey subrayó la necesidad de «abordar los problemas de la deuda de los países en desarrollo», por ejemplo, pero las iniciativas para la cancelación de la deuda han quedado muy por debajo de los requisitos para el logro de los objetivos de desarrollo humano y justicia social y ambiental. Su alcance ha sido limitado y siguen imponiéndose condicionalidades. Enormes cantidades de recursos necesarios para el desarrollo han continuado fluyendo del Sur al Norte. La realidad de la deuda ilegítima como aquella que no puede ser legítimamente reclamada como una deuda de los pueblos del Sur ya que implica la violación grave de los presupuestos básicos de los contratos de deuda, tanto como de normas y principios éticos, valores sociales, políticos, económicos, jurídicos y ambientales de amplia aceptación, fue prácticamente ignorado en Monterrey, y el compromiso de promover mecanismos capaces de hacer participar a los prestamistas y los prestatarios en la resolución de los conflictos relacionados con la deuda aún no se ha abordado. Otros compromisos asumidos para garantizar que las necesidades, intereses y plena participación de los países en desarrollo estuvieran en el centro de los debates sobre el comercio, las finanzas y el desarrollo tampoco se han cumplido, ya que las decisiones sobre cuestiones importantes que afectan a los países y pueblos del Sur se siguen tomando entre los gobiernos y las elites empresariales del Norte. Otro fracaso de las limitadas promesas fue el de la necesidad de que las instituciones financieras multilaterales como el FMI previnieran las crisis o que los países del Norte aumentaran la ayuda sin restricciones condicionadas y onerosas.

2. Crisis financiera, alimentaria, climática y energética: es hora de un cambio

La conferencia de revisión del FpD se está llevando a cabo en Doha, en un contexto de grave crisis e incertidumbre. El marco neoliberal de libre mercado consagrado en el Consenso de Monterrey ha contribuido de manera significativa a la generación de las actuales crisis financiera, alimentaria, energética y climática que amenazan con aniquilar cualquier logro conseguido en los últimos años e intensificarse hacia una crisis aún peor de desfinanciamiento del desarrollo y de devastación social y ambiental.

Detrás de estas crisis están la situación sin resolver de la dominación de la deuda y el papel sin cambiar de las instituciones financieras y comerciales multilaterales, tales como el Grupo del Banco Mundial y el FMI, los bancos regionales y la Organización Mundial del Comercio ( OMC). Estas instituciones han sido fundamentales en la elaboración y difusión del fundamentalismo de mercado y del capitalismo de casino que hoy dominan la economía globalizada y han precipitado las múltiples crisis recurrentes. Han sido muy ineficaces en la prevención o el tratamiento de las causas básicas sistémicas de esas crisis, ni que decir en la promoción del desarrollo.

Vale la pena recordar que la crisis de la deuda desatada en la década de 1980 fue en gran medida el resultado de una anterior crisis financiera creada en el Norte. La crisis en el Norte se evitó mediante el aumento de la explotación y de la guerra y la extracción de un flujo cada vez mayor de la riqueza y los recursos naturales del Sur. Al igual que en anteriores épocas del colonialismo y la esclavitud, desde entonces los pueblos y los países del Sur han venido pagando por los errores y la vil codicia del Norte.

Ahora, lo que se propone es más de lo mismo. La crisis financiera es y seguirá afectando más a los pueblos del Sur, especialmente a los que ya viven en situación de pobreza, los pueblos indígenas, las mujeres, los niños y niñas, las personas mayores. Millones de puestos de trabajo se están perdiendo y crece la presión sobre la ya de por sí pequeña cantidad de recursos disponibles para los derechos humanos fundamentales como el bienestar social, educación, salud, protección del medio ambiente, y la posibilidad de trabajo digno. El aumento de la inflación ya es una realidad en muchos países, y una renovada, dramáticamente explosiva crisis de deuda parece inevitable. En lugar de hacer frente a esta situación, los recursos están siendo utilizados para rescatar a la banca, los intereses financieros, y las empresas transnacionales que han concentrado los beneficios en los últimos años y que provocaron no sólo el colapso financiero, sino también las crisis alimentaria, climática y energética. Se proponen falsas soluciones basadas en el mercado para hacer frente a la crisis climática y alimentaria por medio de préstamos y de recetas políticas que sólo exacerban los problemas y conducen a más endeudamiento ilegítimo. Se está fortaleciendo y dando más recursos a las instituciones financieras multilaterales sin tener en cuenta la forma criminal en que han operado durante los últimos decenios, y su insensatez de mantener un mayor endeudamiento y el respeto de los principios del libre mercado como marco para la acción.

La respuesta a la crisis financiera actual demuestra que el problema de la financiación para el desarrollo no es una falta de recursos sino de voluntad política. Si se pueden movilizar más de 3 billones de dólares de los EE.UU. en pocas semanas para salvar a aquellos que son responsables de la crisis actual, entonces los recursos podrían movilizarse de inmediato para cancelar incondicionalmente las reclamaciones de deuda ilegítima y asegurar la restitución y la reparación de las deudas sociales, ecológicas e históricas acumuladas con los pueblos del Sur. Esto sería financiación para el desarrollo. Los rescates están concentrando más aún el poder financiero y económico en manos de una cantidad cada vez menor de conglomerados que se beneficiará muchísimo de esta crisis. Al mismo tiempo, los gastos militares mundiales siguen creciendo a un nivel sin precedentes. El Instituto de Estocolmo estima que esos gastos alcanzaron los U$S 1,3 billones en 2007. Y sin embargo, doce años de iniciativas de «alivio de la deuda» generaron sólo unos US$ 100 mil millones en deudas canceladas, con grave costo para los «beneficiarios» que se vieron obligados a aplicar como condición previa las mismas políticas neoliberales de libre mercado que han demostrado poseer consecuencias tan desastrosas. Las promesas de aumento de la ayuda también siguen sonando a huecas. 3. Superando el dilemma de Doha Mientras los gobiernos se reúnen en Doha, es de esperar que no sea demasiado tarde para transformar radicalmente el orden del día, a fin de responder a los derechos de los pueblos y el medio ambiente en todo el Sur global. El proyecto de documento final presentado en julio establece un consenso, incluso más débil que en Monterrey, pero todavía permanecen sobre la mesa de negociación muchas propuestas que se acercan más a realizar las esperanzas y las necesidades de un mundo no sólo globalizado, sino lo que es más importante, incluyente y justo.

En ese espíritu, ofrecemos los siguientes puntos que consideramos necesarios para poner en práctica un sistema alternativo basado en la solidaridad, en la justicia social y ecológica, la libre determinación de los pueblos y el pleno respeto de los derechos humanos y ambientales:
- Anular sin condiciones las reclamaciones de deuda y respetar el derecho soberano de los países a tomar medidas unilaterales para poner fin a los pagos o rechazar las reclamaciones de deuda a fin de satisfacer sus obligaciones con los derechos humanos y ambientales. Las iniciativas tales como la de los países pobres muy endeudados (PPAE/HIPC) y la Iniciativa de Alivio de la Deuda Multilateral (IADM) han sido incapaces de garantizar el respeto y la promoción de los derechos humanos y ambientales, ya que no abordan las causas profundas de la crisis de la deuda. Estos sólo tienen como objetivo alcanzar los niveles «sostenibles» del servicio de la deuda a fin de garantizar la continuación del pago de las deudas y la posibilidad de iniciar nuevos ciclos de préstamos. No tienen en cuenta la ilegitimidad de las deudas reclamadas, ni el impacto del servicio de la deuda. La mayoría de los países involucrados continuan con altos niveles de deuda, que se ha visto acompañada de condiciones que han exacerbado los problemas estructurales de los países involucrados y reforzado las relaciones desiguales de poder. Los problemas actuales de deuda de muchos países, incluyendo, en particular, muchos países menos adelantados (PMA) y de los llamados de «ingresos medios» con grandes franjas de la población afectadas, aún no se han abordado y las nuevas deudas - tanto externas como internas - continúan acumulándose mientras que la actual crisis incluso aumenta más los riesgos. Detener la fuga de recursos es un paso urgente para asegurar una financiación adecuada para el desarrollo. La anulación de la deuda debe incluir a todos los países del Sur, ser incondicional e inmediata.

- Las Naciones Unidas deben abordar la cuestión de la deuda ilegítima. Desde el Consenso de Monterrey, se han producido importantes avances en relación con la cuestión de la deuda ilegítima. La decisión unilateral de Noruega de cancelar varias reclamaciones sobre la base de «políticas de desarrollo fracasadas» y «co-responsabilidad» es un precedente histórico, y ya ha abierto debates sobre deudas odiosas o ilegítimas en los foros internacionales, incluida la UNCTAD, el Banco Mundial, y el Club de París. La creación de la Comisión de Auditoría de Deuda en Ecuador es otro importante logro que constituye un ejemplo para todos los gobiernos tanto del Sur como del Norte. El principio de co-responsabilidad de prestamistas / prestatarios se reafirmó en el Consenso de Monterrey, pero la importancia de abordar la deuda ilegítima debe ser reconocida ahora. Por lo tanto, llamamos tanto a los gobiernos del Sur como del Norte a utilizar el proceso de FpD para iniciar un diálogo político sobre la cuestión de la deuda ilegítima, no sólo como una forma de garantizar la plena e anulación de la deuda, sino también para poner fin a la impunidad con la que el sistema financiero internacional sigue operando en nuestros países.

- Presionar y apoyar la realización de Auditorías integrales y participativas de la deuda como un instrumento para hacer frente a la crisis de financiación para el desarrollo. Las auditorías son herramientas importantes para las y los ciudadanos y los gobiernos con el fin de evaluar el impacto y la legitimidad del sistema de endeudamiento y establecer las bases para sancionar a los responsables de las acciones ilegítimas e ilícitas, la recuperación de lo que ha sido injustamente cobrado o robado, y la institución de nuevas alternativas para el control soberano sobre los recursos financieros.

Instamos además a las Naciones Unidas a:

- Abordar la cuestión de las deudas sociales, históricas y ecológicas. Una forma importante de la financiación para el desarrollo no es con ¨ayuda¨, sino reconociendo la existencia de estas deudas y garantizando la restitución y la reparación a los países y pueblos del Sur. La recuperación de la riqueza robada, el cierre de los paraísos fiscales y de otros incentivos para el flujo continuo de recursos del Sur hacia el Norte también deben ser incluidos entre los compromisos para la acción inmediata.

- Poner fin al poder de instituciones financieras y comerciales multilaterales como el FMI, el Grupo del Banco Mundial, los bancos regionales y la OMC y la imposición de sanciones por su responsabilidad en la actual crisis y el crecimiento de las deudas ilegítimas y sociales, ecológicas e históricas. Una reforma del sistema de cuotas en favor de unos pocos países del Sur no será suficiente para cambiar la lógica de esas instituciones.

- Los proyectos y programas orientados a tratar la crisis climática, energética y/o alimentaria no deben ser financiados con préstamos. Deberían costearlos los gobiernos del Norte, las corporaciones y la élite mundial que son los principales culpables de estas crisis. Además debería detenerse inmediatamente el financiamiento para proyectos destructivos.

- Revisar y revertir los acuerdos comerciales y tratados de protección a las inversiones. Esto debería incluir el poner fin a la actual Ronda de Doha de la OMC, los acuerdos regional de libre comercio y el ilegítimo Centro Internacional para el Arreglo de Diferendos de Inversión (CIADI), dependiente del Banco Mundial, y revertir las cláusulas de trato nacional y otras similares así como los cambios hechos en los marcos regulatorios para permitir el libre movimiento de capitals. Reiteramos la necesidad de que los productos de los PMA tengan acceso libe de aranceles a los mercados de los países desarrolladas según se estipuló en el Programa de Acción de Bruselas.

- Promover la re-fundación de las instituciones y mecanismos reguladores para poner fin a la supremacía de los intereses financieros sobre los derechos de los pueblos y el medio ambiente. Esto incluye la adopción de medidas inmediatas para poner fin a los fondos buitre, poner fin a los paraísos fiscales, los fondos de cobertura, los incentivos excesivos para fines de lucro y mecanismos de evasión fiscal, los fondos de capital privado y promover un impuesto a todas las transacciones financieras con el fin de poner fin a la especulación y detener la creación de conglomerados financieros. El aumento de la “transparencia” no es suficiente.

- Apoyar la construcción de instituciones y mecanismos autónomos de financiamiento para el desarrollo con base regional, basados en los derechos económicos, sociales, ecológicos, de género y de justicia intergeneracional. La creación del Banco del Sur y otros nuevos planes monetarios y financieros de estabilización en América del Sur, del ALBA y de otras alianzas de solidaridad y complementariedad Sur-Sur, son posibles vías para la recuperación de la soberanía y para abrir nuevos horizontes hacia un cambio más fundamental.

- Garantizar el acceso a los servicios esenciales y estratégicos tales como salud, educación, agua y saneamiento, transporte, servicios financieros, las telecomunicaciones, los fondos de pensiones y los recursos energéticos y naturales, protegiéndolos de la privatización. Garantizar la aplicación de políticas que (re) distribuyan los ingresos, la riqueza y la tierra, que promuevan la igualdad de género, racial, étnica y la equidad intergeneracional, y la conservación, protección y promoción de los derechos humanos y ambientales.

Todavía es posible que los gobiernos reunidos en Doha garanticen que el proceso de Financiación para el Desarrollo de las Naciones Unidas continuará y que se basará en un marco de derechos humanos en lugar del derecho al lucro. Las soluciones a los retos del financiamiento para el desarrollo no deben basarse en el restablecimiento o salvataje de un sistema fracasado, sino sobre un cambio del mismo. Hacemos un llamamiento en particular a los gobiernos de los países del Sur a unirse para elevar una sola voz y una plataforma que abarque estas exigencias y ofrezca una esperanza real y una rendición de cuentas a los pueblos del Sur.

Jubileo Sur Doha, Qatar – Noviembre 28, 2008