Auditoría de la deuda externa: ¿Por qué? ¿Para qué?

Sábado 10 de junio de 2006

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Por este motivo, movimientos sociales de distintas orientaciones y en especial la red Jubileo, promueven la auditoría de la deuda como herramienta política que permite el involucramiento de la sociedad civil para demostrar que la deuda externa ha perjudicado el desarrollo de los países pobres.

Este esfuerzo contó con el impulso oficial del gobierno de Ecuador, cuando en el mes de abril estableció por decreto una Comisión para auditar la deuda externa, con Hugo Arias de la red Jubileo como uno de sus integrantes. Este hecho renueva la vigencia de esta iniciativa y permite reforzar la intregación latinoamericana a partir de un intercambio de experiencias entre los países de la región. En este sentido, los casos de Argentina, Brasil y Perú sirvirán de insumos para este nuevo proceso. No obstante, la sociedad civil se plantea continuar su actividad más allá de este hecho concreto, reclamando acciones que respalden los resultados de la auditoría.

Actividades de la sociedad civil

Con el propósito de compartir distintas visiones y experiencias en relación a la deuda externa y su auditoría, la sociedad civil ha desarrollado diferentes actividades.

El IV Seminario Internacional sobre Deuda Externa, se desarrolló en noviembre de 2005 por parte de las organizaciones nucleadas alrededor de las campañas contra la deuda en España, «Quien le Debe a Quien» y «Sin duda Sin Deuda». Meses más tarde, numerosas organizaciones asistieron al Foro Social Mundial de Caracas y participaron en diferentes actividades en relación a la deuda externa, su auditoría y la actividad de las IFIs en América Latina. Luego, en el mes de abril, una vez establecida la Comisión para la auditoría de la deuda externa en Ecuador, se desarrolló el seminario: «Una metodología para la auditoria de la deuda pública», con el principal objetivo de que los integrantes de dicha Comisión dispongan de más y mejores elementos para desarrollar su trabajo.

Con estos antecedentes, la Comisión Ciudadana por una Auditoría de la Deuda pública Externa e interna (CCADE) organizó en Uruguay en el mes de mayo, el seminario «Auditoría de la deuda en Uruguay y América Latina ¿Por qué? ¿Para qué?». De esta instancia participaron:

* Ec.Joaquín Etchevers (Uruguay) * Marcelo Abdala (Uruguay) * Ec.Beverly Keene (Jubileo Sur - Argentina) * Ec.Luis Becerra (Argentina) * Ec.Oscar Ugarteche (Perú) * Ec.Rodrigo Avila (UNAFISCO - Brasil) * Ec.Rómulo Torres (Jubileo Perú - Latindadd) * Historiador Alejandro Olmos Gaona (Argentina) * Agr.Pablo Hernándrez (Uruguay) * Ec.Antonio Elías (Uruguay)

Durante dos jornadas de trabajo (de las que participamos) los expositores compartieron desde distintas perspectivas (económica, jurídica y social) las experiencias latinoamericanas en relación a la auditoría de la deuda: el diagnóstico, las herramientas de trabajo, los resultados, la situación actual y los desafíos hacia el futuro. Los casos de Argentina y Brasil, una vez más, estuvieron sobre la mesa.

La auditoría de la deuda en Argentina

Según señaló Alejandro Olmos, la abultada deuda externa argentina deja en evidencia una ruptura del orden jurídico que posibilitó que el Estado cediera a todas las exigencias y pretensiones impuestas por los organismos financieros con los que contrataba, fueran estos particulares o entidades multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Club de Paris.

En el caso de Argentina, a partir de 1976 el país fue puesto bajo la voluntad de acreedores externos al beneficiar y sostener empresas y negocios privados - nacionales y extranjeros - en desmedro de sociedades y empresas del Estado, que lentamente se fueron empobreciendo. Luego, durante la década de los noventa, la deuda volvió a incrementarse de manera importante, pero esta vez de la mano del Plan Brady (según destaca Olmos, redactado íntegramente en Nueva York por dos acreedores argentinos: Citibank y J.P.Morgan). Este plan contenía las medidas políticas y económicas que más tarde el Estado argentino aplicaría: flexibilización de la legislación laboral, privatización del sistema de jubilizaciones, y privatización de la totalidad de las empresas públicas.

Finalmente, el proceso judicial contra la deuda externa inciado en 1982 llegó en el año 2000 a una sentencia definitiva. Dicha sentencia había tenido en cuenta la auditoria de la deuda efectuada por miembros del cuerpo de contadores de la justicia nacional y tres académicos propuestos por la Facultad de Ciencias Económicas, quienes habían determinado que: a) el aumento de la deuda externa fue excesivo y perjudicial, carente de justificación económica, financiera y administrativa; b) existe responsabilidad de los ministros de economía en el proceso; c) pueden considerarse probadas las denuncias que obran en la causa en relación a los delitos indicados.

Sin embargo, según destaca Olmos, durante el proceso de auditoría los resultados, que ponían en claro las maniobras defraudatorias realizadas en perjuicio del Estado, alarmaron a las autoridades económicas de turno a quienes no les interesaba llegar a la verdad de los hechos. Estas, preocupadas por encubrir a través de su poder de decisión las maniobras que se iban detectando, llevaron a vía muerta las conclusiones que surgían de la auditoría. Por tal motivo, cuenta Olmos, dictaron una resolución que desarticuló al cuerpo de auditores transfiriéndolos a distintos destinos, con lo cual esa deuda privada que hoy constituye la mitad de la deuda publica global fue legitimada pasando a constituir una de las cargas que hoy soporta la población en su conjunto.

Las experiencias de Brasil

En el caso de Brasil, la experiencia histórica en materia de auditoría de deuda marca diferentes etapas en un largo proceso. En su exposición, Rodrígo Ávila enumeró los pasos que hicieron posibles cada una de estas instancias, su metodología y resultados. La última experiencia oficial fue la desarrollada por una Comisión parlamentaria de auditoría de la deuda en 1989. Uno de sus primeras conclusiones fue confirmar que los contratos que daban lugar a la deuda no fueron aprobados por el parlamento, por lo que eran, a criterio de la comisión, “inconstitucionales”. Asimismo, el parlamento no dispone de los contratos de la deuda de la dictadura (1964-1985), período de mayor endeudamiento externo. Por otro lado, la Comisión concluyó que el 40 por ciento del valor financiado obligó a Brasil a adoptar un programa con el FMI y el Banco Mundial; mientras que el 50 por ciento (del valor financiado) era regido por la cláusula de renuncia a la soberanía.

Sin embargo, el informe final no llegó a ser votado en la Comisión por falta de quórum y llevado al plenario del Parlamento fue derrotado. Más dramático aún fue el hecho de que sus incisivas conclusiones fueron ignoradas por los negociadores del Acuerdo de la Deuda Externa junto a los bancos privados en 1994, cuando esa cuestionable deuda contractual fue transformada en títulos, proceso que recibió el nombre de “securitización”.

Años más tarde, luego del plebiscito del año 2000, favorable a una auditaría de la deuda como condición previa a seguir pagando, el movimiento Jubileo lideró (y continúa liderando) una auditoría ciudadana que pretende hacer una reconstrucción histórica, pero también un seguimiento crítico de los hechos actuales.

Algunos puntos fueron comunes a todos los expositores:

* la deuda externa es un problema económico, pero también un problema político * el dinero proveniente de la deuda externa no resultó en beneficio de los sectores más pobres * una parte importante del monto total de la deuda de los países latinoamericanos fue contraída por gobiernos autoritarios para financiar su aparato represivo * el peso de la deuda externa en los presupuestos de los países latinoamericanos representa un ancla para la inversión y el desarrollo social (deuda social) * la auditoría de la deuda es un ejercicio que requiere participación social y técnica * la auditoría es un instrumento que permite conocer la realidad y definir una estrategia de acción * las auditorías funcionan mejor cuando disponen de recursos de poder, por lo que las iniciativas sociales deben conseguir «aliados» en el sistema político * la auditoría debe crear las pruebas necesarias para posibilitar una instancia judicial contra la deuda * el proceso de auditoría tiene que permitir una evaluación histórica, pero también realizar un seguimiento de los hechos actuales * los países pobres deben procurar una deuda sustentable que permita su desarrollo

Rómulo Torres, de Jubileo Perú, culmininó su exposición planteando retos y estrategias en la actividad de los movimientos sociales.

Retos

* cuestionar los mecanismos financieros con los que se administra la deuda para favorecer la liberalización del comercio y la inversión * mostrar las incoherencias entre las políticas económicas financieras y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (objetivo Nº8: fomentar una asociación mundial para el desarrollo)

Estrategias

* movilización: la auditoría de la deuda y de los tratados internacionales en favor de la cancelación y anulación * incidencia internacional: referida al sistema financiero, al tratamiento de la deuda externa y a sus vínculos con la liberalización comercial * vigilancia e incidencia nacional: niveles del nuevo endeudamiento, gasto social, y servicio de deuda en el presupuesto

Finalmente, varios participantes alertaron sobre los cambios que se están produciendo en la arquitectura financiera internacional, e hicieron hincapié en la necesidad de los países pobres en definir una posición en relación a esto.

El Banco Mundial intensifica su política de financiamiento a través de inversiones privadas y políticas de infraestructura, mientras que el Fondo Monetario Internacional intenta redefinir su rol como actor en la geopolítica internacional. Frente a esto, los gobiernos latinoamericanos deberán procurar políticas soberanas que promuevan el desarollo nacional.

María José Romero, Monitor de IFIs en América Latina

Fuente: http://www.choike.org